Desde enero de 2026, las plataformas digitales retienen automáticamente hasta el 10.5% del ingreso de sus ventas. Para miles de pequeños negocios esto ha significado la reducción de inventario, recortes de personal, capital de trabajo congelado en saldos fiscales incobrables, y hasta créditos personales hipotecando la vivienda familiar.
La Cámara de Diputados debate en estas fechas el Paquete Económico 2027. Es el momento de que nos escuchen.
Su negocio no está solo. Sume su voz a la de miles de emprendedores que piden reglas más justas. Le toma solo 1 minuto.
Estimados miembros del Congreso de la Unión,
Quienes suscribimos esta carta, emprendedoras y emprendedores fundadores de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que operan en el comercio electrónico, nos dirigimos a ustedes en el marco de la discusión y dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, presentada por la Presidenta de la República el pasado 8 de septiembre.
Escribimos con la convicción de que la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de perfeccionar un diseño fiscal que puede fortalecer simultáneamente la recaudación y a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor del empleo nacional.
México cuenta con 5.45 millones de unidades económicas; el 99.8% son MiPyMEs y generan el 68% del empleo nacional (Censos Económicos 2024, INEGI). De esas empresas, 302,000 (5.5%) venden en línea. El reto, por lo tanto, no es solo preservar a las empresas que ya operan en el canal digital, sino incorporar a los cientos de miles que aún no se han sumado.
Desde enero de 2026, las plataformas retienen automáticamente el 10.5% del ingreso bruto de cada venta (2.5% ISR + 8% IVA) antes de que el vendedor disponga de recurso alguno. Para negocios con márgenes netos de entre 3% y 9%, una retención del 10.5% sobre el ingreso bruto elimina toda la utilidad. En la práctica, estas empresas operan a pérdida desde la primera venta. Muchos emprendedores ya no pueden pagarse a sí mismos ni cubrir los salarios de sus empleados.
Los firmantes reportamos efectos directos: reducción de plantilla laboral, cancelación de lanzamientos de productos, disminución de pedidos a fabricantes mexicanos, incrementos de precios que erosionan nuestra competitividad y, en varios casos, el retiro total de productos del canal digital. El impacto rebasa a las empresas vendedoras: cada pedido cancelado a un fabricante nacional afecta empleos y cadenas productivas. Cabe subrayar que, aunque la retención de IVA es en teoría recuperable, el proceso implica meses, costos administrativos y una incertidumbre que una empresa pequeña no puede absorber.
Una misma empresa, con las mismas obligaciones fiscales, enfrenta reglas distintas según su canal de venta. En un establecimiento físico no hay retención automática; en la plataforma digital, sí. Peor aún, los operadores del mercado informal no están sujetos a retención alguna, lo que otorga una ventaja competitiva injusta a quienes operan fuera de la legalidad y castiga a las empresas formales y cumplidas. Esta asimetría desincentiva precisamente la formalización y la digitalización que el gobierno busca promover.
Reconocemos que la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 aborda problemáticas que compartimos. En particular, celebramos que la exposición de motivos reconozca tres situaciones que han generado una competencia desleal: la emisión de comprobantes fiscales por servicios digitales sin que la persona moral cumpla con el pago; la simulación de personas físicas que operan como personas morales para evitar la retención; y, de manera especialmente relevante, el uso por parte de residentes en el extranjero sin establecimiento en México del RFC de personas morales mexicanas para eludir la retención del IVA sobre operaciones realizadas en territorio nacional.
Consideramos que las modificaciones propuestas en la iniciativa de la Presidenta son necesarias y se potenciarían si se acompañaran de una revisión a la baja de la carga que hoy pesa sobre los contribuyentes que siempre han cumplido. La propia lógica de la Iniciativa (asegurar el pago del impuesto y cerrar vías de evasión) resulta plenamente compatible con un esquema de retención menos presionante para las MiPyMEs formales.
La evidencia internacional respalda lo anterior. Ningún socio del T-MEC aplica retención sobre el ingreso bruto de vendedores en plataformas digitales. Estados Unidos y Canadá usan modelos de reporte de información sin retención de capital. Por otro lado, la Unión Europea adoptó un enfoque similar con la directiva DAC7 en 2023. India implementó una retención del 1% en 2020 (una décima de la tasa mexicana actual) y la redujo en un 90% en octubre de 2024 tras documentar presiones de liquidez en vendedores pequeños. Existen mecanismos de fiscalización eficaces que no comprometen la viabilidad de las MiPyMEs.
Entre 2021 y 2024 la recaudación por plataformas digitales creció de 11,328 a 28,620 millones de pesos gracias a la incorporación de más vendedores al canal formal. Las medidas de la Iniciativa 2027 orientadas a incorporar a residentes en el extranjero y a cerrar vías de simulación ampliarán aún más esa base. Sin embargo, si las retenciones del esquema vigente provocan el cierre de negocios, la pérdida de empleos formales y el cierre de fabricantes mexicanos, los ingresos fiscales de corto plazo se convertirán en pérdidas económicas a largo plazo. Un ajuste a la baja de las tasas permitirá que la base contributiva se traduzca en recaudación sostenida en el tiempo.
En este sentido, nos permitimos sugerir respetuosamente que se valore un ajuste a las tasas de retención de IVA e ISR aplicables a las MiPyMEs que vendemos en plataformas digitales, con el propósito de aliviar la carga que hoy enfrentamos y propiciar la sostenibilidad de nuestros negocios. Un ajuste de esta naturaleza complementaría la propuesta presentada por la Presidenta y, al mismo tiempo, reconocería el esfuerzo de quienes comercializamos a través de estas plataformas en cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales.
Con este panorama en mente, sometemos a su consideración la apertura de un diálogo técnico formal, convocado por esa Cámara, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y representantes del ecosistema emprendedor digital, para evaluar conjuntamente los efectos del esquema vigente, dar seguimiento a la implementación de las medidas que apruebe el Legislativo y explorar los mecanismos complementarios que concilien recaudación, crecimiento de las MiPyMEs y generación de empleo formal.
De igual forma, ponemos a su disposición nuestros datos y testimonios, y con gusto participaremos en cualquier mesa de trabajo, análisis o interlocución que consideren pertinente para enriquecer la discusión a cargo del Congreso sobre esta materia.
Como emprendedoras y emprendedores que creemos en la vocación formalizadora y recaudatoria del Estado mexicano, agradecemos su atención y quedamos atentos a sus consideraciones.
Atentamente